La CET pide a los servicios jurídicos de FACUA que investigue las irregularidades de las ambulancias Egara

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La CET pide a los servicios jurídicos de FACUA que investigue las irregularidades de las ambulancias Egara

01/02/2024

La falta de puntualidad en el traslado de usuarios y enfermos no urgentes genera multas y denuncias por parte de los usuarios que están descontentos por el servicio

La Coordinadora de Entidades de Tarragona ha tomado medidas ante las reiteradas denuncias de los usuarios sobre la falta de puntualidad en los traslados de ambulancias de la empresa Egara, encargada del transporte sanitario urgente y no urgente en diversas regiones de Cataluña desde 2006.

La delegación catalana de FACUA, que forma parte de la CET, investigará a fondo las denuncias sobre la demora en los traslados, que van desde las largas esperas en los pasillos con las sillas de ruedas hasta la transportación de pacientes con vía o gotero en ambulancias de grupo, las cuales tardan el doble en realizar los traslados, por ejemplo, de Tarragona a Barcelona.

Según lo establecido en los contratos, estos traslados tienen un tiempo máximo, pero no siempre se cumple. La Coordinadora y FACUA exigen explicaciones y solicitan la rescisión del contrato con Egara, abriendo la puerta a un nuevo proceso de licitación. Según fuentes de UGT, el contrato con Egara se acaba en un año, lo que podría estar paralizando la inversión en la mejora del servicio por si no se renueva.

Las entidades también piden a la Generalitat que se considere la posibilidad de adquirir más ambulancias o aumentar el presupuesto destinado a este servicio, con el objetivo de garantizar condiciones más dignas y evitar la repetición de estos hechos que afectan a los usuarios. Esto implica revisar las condiciones de licitación para poner la dignidad de los pacientes en el centro.

Egara, que gestiona el transporte sanitario desde 2006, inicialmente en la comarca del Vallès Occidental y posteriormente en Lleida, Camp de Tarragona, y Terres de l’Ebre desde 2015, se enfrenta a la presión de las entidades y las denuncias acumuladas que ya superan el millón de euros en multas.

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