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¿Qué cambia el nuevo decreto de la vivienda?

El Decreto 5/2019, aprobado el pasado 5 de marzo en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, supone la modificación de más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo, según denuncia la PAH .

La próxima semana el Parlamento vota si lo acepta o lo rechaza. Y en caso de que la acepte, posteriormente se votaría si se tramita como proyecto de ley o se queda como está.

Desde las entidades sociales consideramos que hay que tonar en la casilla de salida, hacerlo de nuevo y hacerlo bien, poniendo sobre la mesa un nuevo decreto participado por la ciudadanía que garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda en Cataluña .

En primer lugar, no aborda la emergencia habitacional con valentía y recorta la protección respecto la Ley 24/2015. El decreto apuesta por alojamientos temporales, que a día de hoy no existen y también pone condiciones y filtros inaceptables para conseguir alquileres sociales para las familias que no han tenido más alternativa que ocupar para vivir en una vivienda en desuso de la banca o los fondos buitres.

En segundo lugar, abre la puerta a una liberalización del precio de la vivienda protegida, haciendo que una VPO pueda ser más caro según el barrio, precio que se marcará en base a los costes de edificación y urbanización, valor del suelo, beneficio empresarial y factor de localización; eliminando las tres tipologías de precios existentes hoy en día, que se definen en base a los ingresos de los solicitantes.

Esto cuestiona gravemente la función de cohesión social de la VPO, agravará segregación por barrios y reforzará la burbuja en los barrios gentrificats. También representará un encarecimiento de la vivienda protegida.

Aunque la Generalitat había mostrado públicamente favorable al carácter permanente de la vivienda protegida, este decreto desaprovecha una oportunidad histórica para hacer que toda la vivienda protegida sea de alquiler e indefinido.

Por otra parte, se insiste en un índice de precios de los alquileres que no es más que un reflejo de los precios de mercado y de la burbuja ya que no recoge las condiciones socio-económicas reales de la población, no tiene en cuenta elementos claves como los ingresos familiares o la tasa de paro, por lo que el índice pudiera garantizar que los precios del alquiler se adapten a la economía real de las familias.

Se ponen algunas medidas de transparencia, pero seguimos teniendo un índice de precios no vinculante y la propiedad no está obligado a aplicarlo, por lo que queda en papel mojado, que ni siquiera puede servir para evitar que los precios sigan subiendo.

Desde las entidades sociales tenemos claro que para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible cambiar de forma ambiciosa las leyes que defienden a la ciudadanía, hacer políticas valientes y dedicar presupuesto para llevarlas a cabo y este Decreto Ley, queda muy lejos alcanzar este tres objetivos

 

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